El pasado mes de mayo, la Generalitat aprobaba un decreto ley para limitar los precios del alquiler y que no superaran un 10% el índice de referencia de precios de alquiler para pisos de menos de 150 m2 en barrios y ciudades con falta acreditada de vivienda asequible. Ahora la oposición rechaza esta norma que podría no validarse en el Parlamento.
Rechazo y criticas
Finalmente el Parlamento catalán ha tumbado el decreto ley que establecía un índice para limitar los precios del alquiler. Todos los partidos de la oposición lo han rechazado.
Algunos por considerar que invade competencias del Estado, otros, por verla insuficiente y con demasiadas excepciones como para que tenga un impacto real en los precios.
El Gobierno de Pedro Sánchez estima que se vulneran competencias del Estado con este decreto. Y que los artículos que sirven para poner límite a los precios del alquiler vulneran la Constitución en lo relativo a las competencias de la Administración central sobre las bases de las obligaciones contractuales. Además y en sintonía con el Sindicato de Inquilinos este Decreto se ve insuficiente y con demasiadas excepciones para que tenga un impacto efectivo en los precios que se han disparado un 40% en los últimos cinco años en Barcelona.
Otra de las críticas a este Decreto es que no se había desarrollado ni evaluado el impacto económico y esto lo denuncio un organismo de control la “Autoridad Catalana de la Competencia”
La falta de efecto por la no determinación de las zonas tensas que es la piedra angular de la regularización. En el caso de Barcelona, era el Ayuntamiento el encargado de decidir si sólo algunos distritos o si toda la ciudad se declaraba como zona tensionada por el precio del alquiler.
La no actuación del Govern para enviar una proposición de ley al Congreso sobre este tema.
Resultado de las votaciones
La oposición en bloque, con 69 votos en contra, ha rechazado esta normativa, frente a los 64 votos a favor de los dos grupos que forman el Gobierno catalán, JxCat y ERC.
De este modo, Ciudadanos, PSC, los comunes, la CUP y el PPC han mostrado su rechazo con 69 votos en contra.
Con esta iniciativa, el Govern pretendía contener el precio del alquiler en las áreas declaradas “como mercado de vivienda tensionado”, algo que debía hacer la Conselleria de Territorio y en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento.
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